Por Ramón Pérez Hernández
El abandono, el desprecio a Yeray, y otros niños minusválidos y familiares, a manos del Cabildo, es una desventura insular muy triste e ingrata que entre todos, gritando, crispándonos, convocando una manifestación general, ¡o lo que sea1, tenemos que solucionar y rápido. No se pueden dejar abandonados de la mano de Dios a estos desvalidos niños y a sus desatendidas, inquietadas y desventuradas familias, a criterio de los irreflexivos que ‘desgobiernan' el Cabildo. Inverosímil que estos niños minusválidos, y sus castigados familiares (principalmente madres y padres), sean tan rudamente postergados por el Gobierno Insular, incurriendo a ojos vistas en presunta desviación de poder o fraude de ley. Sin embargo, como ‘chupé oteros' si actúan con ‘ingenio' atribuyéndose inmorales y escandalosos sueldos, incluso a sus abortados ‘pajes'!. Lo que está claro es que en el Presupuesto de 2008 para atender a esos niños y familias, el Cabildo presupuestó (la mayor parte del Gobierno Regional) casi 300 millones de pesetas, y que es ¡su responsabilidad legal custodiarlos! por tener la exclusiva delegación de competencias en Lanzarote (artículo 3 Decreto 160/1997), y no se puede tolerar que miren a otro lado falsamente, mintiendo descaradamente a la población insular.
Si yo fuera empresario y soñara con obligarlos a gobernar con justicia, equidad y solidaridad en beneficio del interés general, no denunciaría la bobería de la falta de Licencia de los “CACT”, actividades que son legalizables como algún que otro hotel sentenciado por defectos formales, o por excesos constructivos corregibles, ya que existe el principio jurídico de ‘que se puede legalizar lo legalizable' y ¡punto!. Por tanto, denunciaría: la inmoralidad de los sueldos arbitrarios asimilados tan alegremente y que cualquier Tribunal, por injustos, podría declararlos nulos (cobran más que un Juez de entrada); la presunta malversación de caudales públicos por los más de 40 estudios por ‘encargo' con gasto superior al millón de euros (Informe de JC Becerra), despreciando la asistencia debida de los competentes funcionarios del Cabildo (artículo 432 y SS. Código Penal); la indiferente, inmoral y sangrante situación de los niños minusválidos y familiares, cruel inactividad que supongo podría terminar en responsabilidad punitiva; la supuesta irresponsabilidad del Cabildo por el probable abuso de derecho, de no atender en plazo prudente las peticiones de “Calificación Territorial”; la inactividad manifiesta de no zanjar los destrozos del Delta, redactando el obligado Plan Especial que prevé el PIOL (artículo 4.2.1.9/B.2); la notoria inactividad de no redactar el Estudio de Desarrollo Agropecuario previsto por el PIOL (artículo 4.2.1.5/C.1); la falta de provisión de fondos en los Presupuestos de 2008 para la Agricultura y Ganadería. La presunta malversación en los “CACT” (2 botones de muestra: contrato para ‘limpieza de cocinas' desechando la colaboración obligatoria de los 300 trabajadores que han limpiado más de 40 años las cocinas; el arrendamiento de un local en Tahiche, desde noviembre de 2007, actualmente abandonado a la buena de Dios). En “INALSA” (un solo botón de muestra: destinar ilegalmente 2,5 millones de euros a una UTE sin contraprestación legal alguna... ¡Vaya caras duras!.
