El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Teguise, Juan Jesús González Docal, explicó este miércoles a este medio que la licencia de construcción del hotel de Costa Teguise fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) “por defectos de forma”. Cabe recordar que los Tribunales el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha estimado el recurso interpuesto por la Fundación César Manrique contra el Ayuntamiento de Teguise, en Lanzarote, que autorizó en 1999 la construcción de un hotel de 912 habitaciones, correspondiente a la parcela 244-F del Plan Parcial Costa Teguise.
Según confirma ahora la Justicia, esta licencia vulnera el Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote y además, carece de informe municipal y supera la capacidad edificatoria de alojamiento turístico del Plan Especial.
La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo cita que “en la tramitación municipal destaca la ausencia de estudio técnico y/o jurídico adecuado que certifique la concordancia entre proyecto básico y de ejecución, el planeamiento aplicable a la licencia, y los detalles del caso, en concreto si se habían comenzado las obras en el plazo otorgado para la licencia de 1988”.
González Docal manifestó que el hotel no se llegó a construir nunca y que “fue una licencia concedida que no se llevó nunca a ejecutar por diferentes motivos y ahora la anula por defectos de forma, por falta del informe jurídico, entre otras cosas”.
González aseveró además que “se puede decir que esa licencia ya estaba extinguida y lo que dicen es que por defecto de forma la declaran ilegal” y que no cabe recurrir porque “esa licencia es como si estuviera extinguida, ya han pasado los plazos, pasa más tiempo, han incluso presentado un modificado diferente y esa licencia no va a ningún lado”.
Por otro lado, y según publica Acn “Estas sentencias casi siempre se pronuncian en la misma dirección: son incompatibles con el PIOT y falta un informe jurídico por parte del ayuntamiento, informe que es verdad que los consistorios presentan pero que no se ajusta a lo que debe ser estrictamente un informe jurídico”, ha declarado Alfredo Díaz, portavoz de la Fundación César Manrique.