El Ministerio Fiscal ha remitido al Juzgado de lo Penal de Arrecife un escrito de acusación en el que pide para los propietarios del pub El Convento de la calle José Antonio de Arrecife dos años y medio de prisión, multa de 18 meses a razón de 6 euros al día y su inhabilitación especial para el ejercicio de profesión u oficio relacionado con los establecimientos de hostelería por tiempo de tres años, así como la clausura definitiva del local. La reacción de uno de los imputados por la Fiscalía, Pedro Sánchez Gopar, que es además el representante de los empresarios de la calle José Antonio en la Federación de Empresarios Turísticos de Lanzarote (AETUR) no se hizo esperar, aseverando en un primer análisis de lo ocurrido que todo le parece formar parte de una monumental confusión cuyo fin todavía no entiende. De hecho, el empresario cuenta con el apoyo total y absoluto de la patronal, donde también se considera “bastante sospechoso” que siempre aparezcan denuncias formuladas contra los locales que regenta su directivo.
El fiscal acusa en el escrito al que ha tenido acceso este diario a Pedro Sánchez y Valentín Lemes Martín, el administrador único de “Hostesango, S.L.” y el encargado de dicho establecimiento, respectivamente, de un delito contra el medio ambiente en su modalidad de emisión indebida de ruidos con riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas, previsto y penado en un apartado del artículo 325 del Código Penal.
En su escrito de acusación, el fiscal señala que los acusados, “con consciente desprecio por la salud de terceras personas, y con conocimiento de que su actividad podría estar causando perjuicios a los vecinos de la zona, incumplieron de manera reiterada los horarios de cierre del local, y las normas sobre apertura de las puertas del mismo”. Así pudieron comprobarlo agentes de la Policía Local de Arrecife, que visitaron el local, en el número 74 de la calle José Antonio, en inspecciones realizadas entre el 22 y el 24 de septiembre de 2005.
Por otra parte, el Ministerio les acusa también de mantener un volumen de emisión de sonido procedente del local muy superior al máximo permitido por las normas recogidas en la normativa municipal. En concreto, y según las mediciones realizadas por un técnico del Servicio de Actividades Clasificadas del Cabildo insular de Lanzarote, el 10 de septiembre de 2005 se registró en el interior del pub un volumen de 86,20 decibelios (dB)a las 00:15 horas, y de 91,70 dB a las 02:15 horas, mientras que en el exterior del local se registró un volumen de 74,01 dB.
El fiscal precisa en su escrito que tanto la Comunidad de Propietarios del Edificio de la calle José Antonio 78, como el denunciante Pablo Betancor, uno de los vecinos del inmueble, han venido presentando sucesivas denuncias y quejas ante organismos municipales e insulares por estos hechos, que podrían haber afectado de manera grave su salud, lo que incluso motivó la medición de ruidos desde el propio domicilio de este último, donde los decibelios se elevaron a 32,20 y 43,60 en septiembre de 2005, superando así el límite de 30 dB previsto en la normativa municipal, así como en la Norma Básica de Edificación como máximo ruido de inmisión en los inmuebles con destino residencial.
Del mismo modo, la Fiscalía ha trasladado al juzgado decano las diligencias relativas a supuestas irregularidades cometidas en los expedientes abiertos a dos establecimientos de la calle José Antonio.
Respuesta del empresariado
Este diario se puso en contacto con el empresario afectado. Visiblemente molesto, Pedro Sánchez subrayó en primer lugar su perplejidad después de comprobar que una vez más se había enterado de un asunto de este calibre antes un medio de comunicación que las personas aludidas, lo que dijo no entender.
Una vez que tuvo conocimiento exacto del contenido del informe de la Fiscalía, el empresario de la calle José Antonio hizo hincapié en uno de los párrafos del texto, en el que se afirma que “los acusados, con consciente desprecio por la salud de terceras personas, y con conocimiento de que su actividad podría estar causando perjuicios a los vecinos de la zona, vinieron en incumplir de manera reiterada los horarios de cierre del local”. A su juicio, “todavía está por ver que semejante afirmación sea cierta, puesto que hasta el momento no se nos ha abierto ningún expediente al respecto”, asegurando que el hecho de que se haya producido alguna denuncia por parte de vecinos como Pablo Betancor o que el fiscal eleve estas conclusiones “no me convierte ya en culpable”.
En esta misma línea, Sánchez quiso dejar claro que el posible incumplimiento del cierre del local es un tema administrativo, “en ningún caso un asunto que se pueda considerar como falta penal”. Así, recordó que la ley, además, determina en todo caso que el asunto se tendría que tratar como “grave”, no como “muy grave” como aparece en el escrito de la Fiscalía.
Por otro lado, el empresario dijo no entender por qué se expresa la Fiscalía en esos términos cuando su local, uno de los más conocidos de la Isla, cuenta con todas las bendiciones del Ayuntamiento y de arquitectos municipales y privados, que son los que certifican que las millonarias cantidades gastadas en su insonorización han surtido el efecto buscado. “Se ha hecho una gran obra de insonorización que ha costado mucho dinero y que hace posible que el ruido no traspase el local”, insistió.
Tampoco entiende Pedro Sánchez el apartado de las mediciones de los ruidos incluidos en el informe del fiscal, puesto que a su modo de ver está lleno de contradicciones. La más evidente es que se incluye una cifra de ruido en la calle que es “algo más que baja”, lo que no cuadra en absoluto con lo que se denuncia. “Si se leen los datos, se darán cuenta en seguida de que no está nada correlacionado”, indicó.
No le extraña, teniendo en cuenta el periodo en el que nos encontramos, que las muchas polémicas cuestiones que rodean a la principal y casi única zona de ocio nocturno de Lanzarote se estén politizando en exceso. De hecho, el empresario recordó que el denunciante es una persona muy conocida por su implicación en la vida política.
Reacción de Aetur
Siendo como es Pedro Sánchez el representante de los empresarios de la calle José Antonio en Aetur era lógico esperar la reacción de la patronal. Esta llegó de forma contundente, a través de las manifestaciones que trasladaron a este diario, donde un portavoz autorizado calificó de “bastante sospechoso” que se estén sacando una y otra vez noticias vinculadas únicamente con el establecimiento que regenta su directivo, lo que les parece que puede formar parte ya de una especie de persecución. Asimismo, en la patronal consideran, entrando en el terreno del informe de la Fiscalía, que hay varios aspectos que son “muy discutibles” y que se tendrán que ver si finalmente todo esto va a juicio. De hecho, insistieron en esta cuestión, en que “no se ha condenado a nadie”, sino que el fiscal ve indicios de una falta que deberán ser probados.
Por último, desde Aetur entienden que ésta y las otras cuestiones similares vinculadas con denuncias de la calle José Antonio tienen mucho que ver con una “obcecación personal” del político y vecino que denuncia, que esperan que no lo haga porque Sánchez forma parte de su federación.
